at the BoRev site, re USAID and Plan Colombia funneling money to rightwing paramiltary death squads (AUC) in Colombia. Figureheads and front operations were set up for the death squads to receive funds from these two US taxpayer sources. The Colombian government may have been complicit. Money, lands and businesses are now being reclaimed to aid victims of the death squads.
This is a truly wretched Google translation which, together with the legal terminology, puts it well beyond my powers of transliteration. I can get the gist of it, but many things remain obscure (including the word "Platas" in the title). I would really like to understand exactly what this article is saying about how the AUC was getting USAID and Plan Colombia funds. I have long suspected that Plan Colombia was arming the death squads. This is the first hard evidence I have read about. Also, we know that the USAID has been funneling big bucks to rightwing groups in Latin America--in Venezuela, Honduras and other countries--and that the DEA was colluding with the white separatists against the Morales government in Bolivia. But I would like to know more about the USAID in Colombia. I'm sure that it's just as corrupt as it can be, but I would like to understand the evidence better.
Anybody here who reads Spanish well want to take a crack as the USAID/Plan Colombia paragraphs in this article? I would appreciate it. I've highlighted some sections that look interesting.
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Platas de Usaid y Plan Colombia llegaron a manos de los paras
Entre los bienes que ha devuelto el Bloque Central Bolívar de las Auc están fincas y cooperativas que han recibido recursos de Finagro, el Banco Agrario y Fiduagraria, Plan Colombia y la agencia de Cooperación de los Estados Unidos, Usaid.
Alias 'Macaco', fue el primer jefe paramilitar de las Auc extraditado a Estados Unidos.
Algunos de los bienes entregados por hombres del Bloque Central Bolívar de las Auc eran empresas manejadas por testaferros y en su momento recibieron recursos de agencias estatales o de cooperación internacional. Así se ha descubierto luego de que este grupo ilegal empezara el proceso de devolución o entrega de bienes para la reparación de las víctimas.
A través de los abogados que los representan, el BCB o sus hombres han anunciado la entrega de por lo menos 36 mil hectáreas de tierras en las zonas en las que delinquieron para el Fondo de Reparación de las Víctimas.
De acuerdo con los abogados de alias ‘Julián Bolívar’, quienes solicitaron la reserva de sus nombres, con esos bienes entregados, y los que están en proceso, el Estado jamás hubiera tenido la posibilidad de asociarlos con las Auc. “Eran la reserva estratégica del bloque y en su conjunto eran empresas limpias”, dijo uno de los abogados. “Fue tan perfecta la operación que en uno de esos proyectos había dineros de Plan Colombia y préstamos del Banco Agrario”.
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Se trata de Cooproagrosur, ubicada en Simití, sur de Bolívar, una cooperativa creada en septiembre de 2002 por orden de los jefes paramilitares del BCB y a la que están vinculados 100 agricultores. En diciembre de 2004, recibió una subvención de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por 228 millones de pesos, destinados a la asistencia técnica y capacitación de los labriegos en la instalación y manejo técnico del cultivo de palma de aceite. Esta iniciativa fue apoyada en esa época por Finagro, el Banco Agrario y Fiduagraria.
El proyecto constaba de seis fincas entre otras: Rancho San Judas, El Amparo y Vista Hermosa, que en total sumaban 912 hectáreas, en una zona en donde el 90 por ciento del territorio es en teoría reserva forestal según la ley segunda de 1959. Los cooperados, según un documento que encontró VerdadAbierta.com, presentaron un título de propiedad sobre los predios en el que además certificaban la aprobación de un crédito de la Caja Agraria.
Lo que llama la atención de todo ésto, es que en 2002, cuando comenzó este proyecto, la región se encontraba controlada por el Bloque Central Bolívar y según cifras de Acción Social entre 1997, cuando Julián Bolívar entró a esta región, y 2007 al menos 47 mil personas fueron desplazadas. Simití, donde se instaló el proyecto productivo de los paramilitares, fue uno de los municipios que más padeció con ellos, en particular el corregimiento de Monterrey donde Bolívar tenía su base principal.
Por eso, el 21 de mayo de este año, North American Congress on Latin America (NACLA) le solicitó información a Usaid a través de la embajada de los Estados Unidos en Colombia sobre Cooproagrosur y sus posibles nexos con Carlos Mario Jiménez alias 'Macaco'. Un funcionario de la embajada le respondió a Nacla que la cooperativa fue un proyecto firmado el 1 de diciembre de 2004 bajo el programa Capp y fue manejado por Midas en 2006.(Sic) (Ver documento de la Embajada de Estados Unidos- Usaid)
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Nacla es una ONG independiente con sede en Nueva York y hace constante monitoreo de las acciones del gobierno estadounidense en Latinoamérica.
La embajada también respondió que no tenían reporte alguno que alguno de los 100 miembros de la cooperativa estuviera reportado en actividades ilícitas o la Lista Clinton y que 'Macaco' no aparecía entre propietarios y/o beneficiaros del proyecto.
Inicialmente, Usaid aprobó una partida de 371 millones de pesos (371.047.150) pero solo giraron 228 millones y el proyecto terminó, según reporta el funcionario de la embajada, el 30 de agosto de 2007.
El 11 de junio de 2009 un juez de Medellín ordenó el embargo a Cooproagrosur.
Cuando los abogados del BCB presentaron el proyecto como parte de los bienes a entregar por parte del Bloque para la reparación a las víctimas, Acción Social se negó a recibirlo argumentando que dado el supuesto origen ilícito de su adquisición debería pasar antes por un proceso de extinción de dominio. No obstante, el pasado 10 de junio, un magistrado de control de garantías ordenó en Medellín que fuera recibido por la agencia estatal.
“Ese proyecto hoy tiene una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos, está en plena producción y genera 2 mil millones de pesos mensuales”, explicó uno de los abogados, “lo que quiere decir que sí hay con qué reparar a las víctimas”.
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Fuentes de la Unidad Nacional de Fiscalías de Justicia y Paz reconocieron que los procesos de identificación de bienes y de verificación, por lo menos en este caso, son ahora más ágiles gracias a que los funcionarios de Acción Social participan del trabajo conjuntamente con la policía judicial.
Tanto abogados como funcionarios de la Unidad de Justicia y Paz coincidieron en señalar que el 95 por ciento de los los bienes ya entregados y los que están en proceso de verificación y alistamiento serán destinados a la reparación. “Sólo un 5 por ciento de esos predios serán para restitución”, precisaron, “lo que quiere decir que fueron pocos los casos de despojo que adelantaron los hombres del Bcb entre las comunidades donde hicieron presencia”.
El compromiso de los comandantes de este bloque paramilitar fue entregar bienes por 110 mil millones de pesos, promesa que según los abogados que representan a alias ‘Julián Bolívar’ se viene cumpliendo. Ahora esperan que no haya dificultades para agilizar el proceso de verificación y alistamiento de las más de 36 mil hectáreas de tierras productivas ofrecidas por el BCB, lo que permitirá que con los dineros que se obtengan de su venta cientos de víctimas sean reparadas por lo menos económicamente.
Lo que entregarán
En proceso de verificación y alistamiento se encuentran por lo menos 36.842 hectáreas de tierras productivas en diversas regiones del país ofrecidas por el Bloque Central Bolívar (Bcb) al Fondo para la Reparación de Víctimas. Se trata de predios ubicados en los departamentos de Bolívar, Risaralda, Vichada, Santander y Antioquia, destinados a la agricultura y la ganadería.
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Además de esas tierras, también se encuentran en ese proceso varias propiedades de uso residencial y comercial, entre ellos el Hotel Casagrande en el municipio de Rionegro, Santander, así como una estación de servicio en esa misma localidad, y la hacienda Puerto López, ubicada en la población de El Bagre, Antioquia.
La verificación y alistamiento implica visitas a la zona para establecer las condiciones de los predios, certificar su propiedad y establecer que no tengan líos jurídicos. El fin es evitar que a futuro no sea intervenido por ningún otro proceso que obstruya su venta. Los dineros adquiridos por este tipo de transacciones ingresan al Fondo para la Reparación de las Víctimas, creado por Ley 975 de 2005 y administrado por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social).
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Al frente de este proceso se encuentra el ex paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, conocido con el alias de ‘Julián Bolívar’ y ex comandante militar del BCB, hoy preso en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia. Su desmovilización se produjo el 31 denero de 2006. Junto a él dejó las armas Carlos Mario Jiménez, alias Javier Montañez o ‘Macaco’, jefe de ese bloque, quien afronta cargos por narcotráfico en Estados Unidos, a donde fue extraditado el 7 de mayo de 2008.
El proceso de entrega de bienes del BCB comenzó con dos helicópteros Bell 206 que ya fueron vendidos y por los cuales se recibieron 1.331 millones de pesos, recursos que el Fondo para la Reparación de las Víctimas invirtió en títulos de tesorería (TES). Además, Acción Social ya ha recibido de este bloque paramilitar poco más de 7 mil hectáreas, de las cuales hacen parte tres proyectos productivos, conocidos como La Dos, Santo Domingo y Cooproagrosur, ubicados en los municipios de Simití y San Pablo, departamento de Bolívar. Los tres están dedicados a la siembra y cosecha de palma de aceite, y fueron concebidos por los propios paramilitares como proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito.http://www.verdadabierta.com/paraeconomia/1963-platas-de-usaid-y-plan-colombia-llegaron-a-manos-de-los-paras------
GOOGLE...
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(Plates?) for USAID and Plan Colombia came
at the hands of the paramilitaries Among the goods returned by the
Central Bolívar Bloc of the AUC are
farms and cooperatives that have received
Finagro resources, the Agrarian Bank and
Fiduagraria, Plan Colombia and the agency
Cooperation of the United States,
USAID. Alias 'Macaco', was the first head
AUC paramilitaries extradited to
United States.
Some of the goods delivered by
men of the Central Bolivar Bloc
AUC were run enterprises
figureheads and eventually received
resources of state agencies or
international cooperation. This has
then discovered that this illegal group
start the return process
or delivery of goods for repair
victims.
Through the lawyers who
represent the BCB or his men have
announced the release of at least 36
thousand hectares of land in areas
that their offense for the Fund
Victims Reparation.
According to lawyers for aliases
"Julian Bolivar", who requested the
reserve their names with those assets
delivered, and those in process,
the State has ever had the
possibility of associating with the AUC.
"They were the strategic reserve of the block and
as a whole were clean business "
one of the lawyers said. "It was so
perfect the operation in one of those
projects had cash of Plan Colombia
and loans from the Agrarian Bank.---
Cooproagrosur It is located in Simiti, south of Bolivar,
a cooperative created in September 2002 by order of the BCB paramilitary leaders and 100 farmers who are linked. In December 2004, received a grant from the U.S. Agency for International Development (USAID) for 228 million pesos, for technical assistance and training of the farmers in the installation and technical management of oil palm cultivation. This initiative was supported at that time by FINAGRO, the Agrarian Bank and Fiduagraria.
The project comprised six farms include: Rancho San Judas, El Amparo and Vista Hermosa, which in total amounted to 912 hectares, an area where 90 percent of the land is forest reserve in theory under the law second in 1959. The cooperative, according to a document found VerdadAbierta.com, had a title to the lands in which besides certifying the approval of a provision of the Caja Agraria.
What is striking about all this is that in 2002 when this project began, the region was controlled by the Central Bolivar Bloc and Social Action according to figures from 1997, when Julian Bolivar entered this region, and 2007 at least 47 thousand people were displaced. Simiti, where you installed the productive project of the paramilitaries, was one of the municipalities that suffered most with them, particularly the district of Monterrey where Bolivar had its main base. Therefore, on 21 May this year, North American Congress on Latin America (NACLA) requested information from USAID through the U.S. Embassy in Colombia on Cooproagrosur and their possible links with Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco' . An embassy official responded to NaCl that the cooperative project was signed on 1 December 2004 under the program was handled by Capp and Midas in 2006. (Sic) (See document of the United States Embassy-USAID)
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NaCl is an independent NGO based in New York and makes constant monitoring of the actions the U.S. government in Latin America.
The embassy also said
no one had reported any of the 100 members of the cooperative was reported in the List unlawful activities or Clinton and that 'Macaco' did not appear between owners and / or project beneficiaries.
Initially, USAID approved a budget of 371 million pesos (371,047,150), but only turned 228 million and the project ended, as reported by the embassy official, 30 August 2007.
On 11 June 2009 a judge ordered Medellin Cooproagrosur embargo.When lawyers from the BCB presented the project as part of the goods to be delivered by the block for reparations to the victims, Social Welfare refused to see him arguing that because the alleged illicit origin of their acquisition should pass before a process of extinction domain. However, on 10 June, a judge ordered security control in Medellin that was received by the state agency.
"This project now has an investment of close to 30 billion pesos, is in production and generate 2 billion pesos a month," explained one of the lawyers, "which means that there is how to redress the victims .--
Sources of National Unity for Peace and Justice prosecutors acknowledged that processes of identification and verification of assets, at least in this case, are now more agile thanks to the staff of Social Action work involved together with the judicial police .
Both lawyers and officials of the Justice and Peace agreed that 95 per cent of the goods already delivered and are in the process of verification and enrollment will be used for repair. "Only 5 percent of these farms are to return," they said, "which means that few cases of theft that men ahead of Bcb between the communities made their presence known.
The commitment of the commanders of the paramilitary unit was to deliver goods by 110 billion pesos, according to the promise that lawyers representing alias 'Julián Bolívar' has been met. Now they hope there are no difficulties to expedite the verification process and recruitment of over 36 thousand hectares of productive land offered by the BCB, which would allow the money obtained from selling hundreds of victims are repaired at least economically.
What we deliver
In verification and enrollment process are at least 36,842 hectares of productive land in various regions of the country offered by the Central Bolivar Bloc (BCB) to the Fund for the Reparation of Victims. These properties located in the departments of Bolivar, Risaralda, Vichada, Santander and Antioquia, for agriculture and livestock.
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In addition to these lands, are also in the process several residential properties and commercial use, including the Hotel Casagrande in the municipality of Rio Negro, Santander, and a service station in the same locality, and the estate Puerto Lopez, located in the village of El Bagre, Antioquia.
The enrollment verification and involves visits to the area to establish the conditions of the premises, certify ownership and establish who have no legal trouble. The goal is to prevent future is not intervened by any other process to block its sale. The funds acquired by such transactions enter the Fund for the Reparation of Victims, created by Law 975 of 2005 and administered by the Presidential Agency for Social Action and International Cooperation (Acción Social).
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At the forefront of this process is former paramilitary Rodrigo Pérez Alzate, known by the alias "Julian Bolivar" and former military commander of the BCB, now prisoner in maximum security prison in Itagui, Antioquia. Demobilization took place on 31 Denero 2006.
Along with the weapons he left Carlos Mario Jimenez, alias Javier Montañez or "Macaco," leader of the bloc, who faces charges of drug trafficking in the United States, where he was extradited on May 7, 2008.The process of delivering goods of BCB began with two Bell 206 helicopters that have already been sold and by whom received 1.331 million pesos, resources the Fund for the Reparation of Victims invested in treasury securities (TES). Moreover, Social Action has already received this paramilitary unit just over 7 million acres, of which three projects are part of production, known as The Two, Santo Domingo and Cooproagrosur, located in the municipalities of Simiti and San Pablo, Bolívar Department . All three are engaged in planting and harvesting of oil palm, and were designed by the paramilitaries themselves as projects to replace illicit crops.
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