Prefecto de Caracas acusado de agresión (Ulimas Noticias)
El prefecto de Caracas y presidente del partido opositor Alianza al Bravo Pueblo, Richard Blanco, fue imputado de ocasionar lesiones a un policía que se infiltró en una marcha convocada por adversarios del mandatario venezolano Hugo Chávez.
El Ministerio Público dijo el martes en un comunicado que Blanco fue imputado ``por la presunta comisión de los delitos de lesiones personales graves e instigación a delinquir''.
Blanco fue detenido a finales de agosto y desde entonces está recluido en la cárcel de Yare, a las afueras de la capital.
La orden de arresto fue emitida por un tribunal de control por las presuntas agresiones que habría cometido a un policía que se infiltró en una marcha de los empleados de la alcaldía metropolitana de Caracas en protesta por una ley que aprobó el congreso y que limita los ingresos de esa dependencia.
En la protesta también fueron apresados 11 empleados de la alcaldía acusados de alterar el orden público, resistencia a la autoridad y provocar lesiones a un agente de la policía metropolitana.
La alcaldía metropolitana quedó prácticamente sin recursos y competencias desde que en abril la Asamblea Nacional aprobó una ley que pasó todos los activos de esa dependencia a una máxima autoridad capitalina creada y designada por el mandatario venezolano.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, electo en los comicios regionales de noviembre, considera la acción de Chávez y del congreso como una ``violación a la Constitución'' y acusó al mandatario de desconocer los resultados electorales que favorecían a opositores.
En los últimos siete años han sido sometidos a procesos judiciales en Venezuela unos 2.000 opositores por diversos delitos, de los cuales 40 permanecen detenidos, en su mayoría en espera de sentencia, de acuerdo con cifras de la organización local de derechos humanos Foro Penal Venezolano.
El Foto Penal Venezolano, integrado por un grupo de abogados, sostiene que entre el 2002 y el 2009 las autoridades abrieron procesos judiciales a unos 2.000 adversarios al gobierno y manifestantes, algunos de los cuales han sido detenidos tras protestar por reclamos laborales.
La Fiscalía General ha negado que las autoridades judiciales mantengan una persecución de opositores y expresado que sólo han sido detenidas las personas que han cometido delitos.
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